La ONU respalda la “consulta previa e informada” a las comunidades nativas. La OIT también, a través del Convenio 169 y el Estado peruano lo ratificó. Entonces las comunidades nativas de nuestro país no piden nada del otro mundo ni nada que no les corresponda.
Durante el 138º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las comunidades asháninkas del río Ene exigieron al Estado peruano implementar la consulta previa "libre e informada".
Hernán Coronado, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) tuvo a su cargo la presentación en este importante encuentro, desarrollado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en Washington (Estados Unidos).
Coronado alcanzó a los comisionados diversos documentos, como el mapa de concesiones de PeruPetro, donde se señala que el 75% del territorio amazónico se encuentra concesionado.
"Ninguna de estas comunidades han sido consultadas pues no existe un proceso de consulta implementado a pesar del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el Estado peruano en 1993", expresó.
Sobre este último organismo, recordó que apenas en febrero pasado la OIT recomendó al gobierno del Perú suspende todas las grandes inversiones, mientras no se asegure el derecho a consulta a las comunidades.
"Es preocupante que el Estado no haya garantizado la integridad de los territorios indígenas; por el contrario, se impulsan decretos de ley que los dejan sin protección ante las inversiones", lamentó.
En otro momento, Coronado denunció los cambios propuestos por el Ejecutivo a la Ley de Desplazamientos Internos, "afectados a los pueblos indígenas reconocidos por el mismo Estado" para favorecer las concesiones.
Por lo anterior, el representante del CAAAP solicitó al Estado peruano, por intermedio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que de cuenta de la situación de las actividades extractivas en los territorios indígenas.
Así mismo, que se inicie el proceso de consulta según los estándares de la normativa internacional, basado en lo que llamó "diálogo de buena fe" y asegurando la participación de los pueblos.
Finalmente, que se implemente la Ley de Consulta "libre e informada" con la participación de las comunidades; y se archive el proyecto de ley sobre los desplazamientos internos por ser contrario a la consulta previa.
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